Misiones | Nuevo apeo ilegal en el Parque Provincial Piñalito en San Pedro revela la expansión silenciosa de la deforestación en áreas protegidas
El avance de la deforestación sobre áreas protegidas volvió a quedar en evidencia esta semana en el Parque Provincial Piñalito Sur, en San Pedro, donde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables confirmó un nuevo caso de tala ilegal selectiva. El hecho se produce en un contexto de creciente preocupación por la fragilidad del sistema de control ambiental en zonas rurales y fronterizas, donde la escasez de recursos, personal y logística limita la capacidad de vigilancia frente a organizaciones delictivas organizadas para robar maderas nativas y comercializar en el mercado negro en connivencia con dueños de aserraderos.
El parque provincial, ubicado sobre la Ruta Nacional 14 en el acceso sur y a unos 50 kilómetros de Bernardo de Irigoyen, ya estaba bajo investigación por otro robo de madera detectado en enero de este año, que involucraba a propietarios de aserraderos locales. Ahora, un nuevo episodio vuelve a comprometer la seguridad del área protegida.
Según el comunicado oficial, la intervención de Ecología se activó tras una investigación que habría detectado movimientos sospechosos en el interior del parque.
Mediante una inspección en el terreno, los técnicos identificaron sectores con evidencias de extracción selectiva de especies nativas. No obstante, el organismo no precisó cuáles fueron las especies apeadas.
Para los guardaparques y vecinos de la zona, sin embargo, el daño ya estaba consumado. Fuentes consultadas advirtieron que, por el tipo de árboles derribados y el volumen estimado -más de 20 rollos de especies duras y valiosas-, la operación habría requerido dos o tres días de trabajo, al menos tres camiones, personal para voltear los ejemplares, motosierras, planificación previa para la selección de los ejemplares extraídos y condiciones climáticas favorables.
Hay toda una organización detrás de esto. Y nadie escuchó nada ni vio nada en la zona, cuando una tala de este tipo no pasa desapercibida. Si hubiera vigilancia real y recursos suficientes como dice Ecología, se podría prevenir estos delitos ambientales, señalaron.
El contraste entre la magnitud del delito por el daño que implica apear árboles en un parque provincial y la reacción oficial alimentó cuestionamientos en redes sociales y grupos de guardaparques, quienes denuncian que enfrentan un contexto de precarización laboral, falta de combustible, vehículos y equipos, así como la imposibilidad de realizar patrullajes efectivos en zonas de frontera. “Registramos árboles ya apeados, pero nunca responsables”, lamentan.
Sostienen que épocas de fiestas, como las que se acercan a fin año, es cuando más se aprovechan los delincuentes porque entienden son “zonas liberadas” ante la liviandad de los controles y operativos de patrullas y rastrillajes en la selva.
Una modalidad difícil de detectar, pero posible de prevenir
La extracción ilegal selectiva es cuando el delincuente realiza apeo de únicamente los árboles de mayor valor comercial sin generar claros visibles en el bosque, lo que dificulta su detección mediante imágenes satelitales.
Sin embargo, especialistas subrayan que la fiscalización territorial sostenida, combinada con controles de tránsito forestal y trazabilidad real de la madera, permitiría frenar estas prácticas.
Las preguntas entonces se repiten:
¿Cómo logran salir camiones cargados desde un parque provincial sin ser detectados? ¿Cómo ingresa esta madera al circuito comercial sin guías forestales digitales? ¿Quién controla la materia prima que ingresa a los aserraderos de San Pedro, Irigoyen, San Vicente, El Soberbio? ¿Hay complicidad en la cadena de control?
El sitio afectado se encuentra junto a una propiedad privada que ya registra dos sumarios activos por hechos similares, lo que aumenta las sospechas sobre el funcionamiento de redes de acopio y contrabando de madera nativa.
Un área de altísimo valor ecológico bajo amenaza
Las alertas de quienes conocen el valor ambiental del Parque Provincial Piñalito están encendidas, con 3.800 hectáreas, es uno de los enclaves de mayor valor ecológico de la Selva Paranaense.
El área protegida está clasificado como Categoría Roja en el ordenamiento territorial, es un área intangible donde está totalmente prohibida la extracción de bosque nativo. El parque constituye un corredor clave de biodiversidad, alberga investigaciones sobre especies amenazadas -como el mono carayá rojo, en riesgo crítico a nivel global- y conecta con otras reservas públicas y privadas de la región.
A pesar de su importancia, el área cuenta apenas con un puesto de guardaparques y tres agentes asignados en rotación. En enero de este año, otro caso de tala selectiva derivó en una investigación interna y en el traslado del personal del puesto, aunque nunca se informó públicamente el resultado del sumario.
Denuncia formal y dudas persistentes
Tras este nuevo hallazgo, Ecología presentó una denuncia ante la Dirección de Defensa del Medio Ambiente de la Policía de Misiones e inició un expediente por violación a las leyes de Áreas Naturales Protegidas (XVI-Nº 29) y de Bosques (XVI-Nº105). Sin embargo, organizaciones ambientales y pobladores locales cuestionan la efectividad de los operativos.
La semana pasada, el propio ministerio había informado sobre sobrevuelos preventivos sobre áreas naturales protegidas en la Reserva de Biosfera Yabotí y “no detectaron nada irregular”. Pocos días después, se confirmó el apeo.
Para los especialistas, el caso expone un problema estructural:
• • un sistema de control sin recursos suficientes,
• • operativos reactivos en lugar de preventivos,
• • falta de trazabilidad real de la madera nativa transportada,
• • y posible connivencia en la cadena de extracción y transporte
•
• Estamos ante delincuentes organizados, con logística y conocimiento del terreno, y apoyo de autoridades competentes. Sin presencia territorial continua y sin fuerzas de seguridad coordinadas, la selva queda indefensa, remarcan fuentes del sector.
• Mientras los robos se repiten y los recursos públicos se consumen en operativos poco efectivos, la presión sobre uno de los últimos refugios de la Selva Misionera crece sin freno y pone en riesgo el futuro de los ecosistemas protegidos de Misiones.
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